Actividades, proyectos, y avances institucionales de DPLF durante el año | |
La Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) es la única organización privada sin fines de lucro, con sede en los Estados Unidos, que promueve la reforma y la modernización de los sistemas nacionales de justicia de América Latina, para asegurar que el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos sean el sello fundamental de los sistemas de justicia en las Américas. Todo este trabajo lo realiza a través de actividades académicas de investigación,capacitación y asesoría en litigio estratégico.
DPLF fue fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, actualmente juez de la Corte Internacional de Justicia, junto con sus compañeros de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador. En el Consejo Directivo de DPLF participan figuras que han sido clave en los esfuerzos para edificar instituciones democráticas y el respeto al estado de derecho en las Américas. DPLF enfoca su trabajo en tres áreas programáticas:
Rendición de cuentas y transparencia judicial: El trabajo de esta área se aboca a temas como la transparencia en el sector judicial, acceso a la información judicial, mecanismos de designación, evaluación y remoción de jueces, mecanismos institucionales de control y monitoreo por parte de la sociedad civil. A través de este trabajo, nuestra organización busca fortalecer la independencia judicial.
Acceso igualitario a la justicia: Esta área tiene como objetivo fundamental promover el acceso a la justicia de grupos vulnerables y personas marginadas en América Latina. Con esta finalidad, el programa ha llevado a cabo diversas iniciativas con pueblos indígenas, personas privadas de libertad, mujeres víctimas de violencia, desplazados, migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que los representan.
Justicia internacional: Esta área promueve la rendición de cuentas (accountability) y las reparaciones por graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, impulsa la ratificación e implementación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y otros tratados internacionales, y apoya iniciativas nacionales, tales como comisiones de la verdad y reformas legales, que posibiliten la justicia en sociedades de América Latina.
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