DPLF y otras organizaciones participan en audiencia ante CIDH sobre rol de las cortes de América Latina en la investigación y sanción de graves violaciones a derechos humanos

04 de november 2013

Las organizaciones participantes denunciamos que aún persisten debilidades de los sistemas penales, que atentan contra el deber de los Estados de juzgar estos crímenes y combatir la impunidad, pese a que la mayor parte de la región ha avanzado en derrotar las leyes de amnistía

El pasado 1 de noviembre, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) junto con la Fundación de Estudios para la aplicación del derecho (FESPAD) de El Salvador, el Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México, la Fundación Myrna Mack de Guatemala y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales de Chile, participamos en una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitud de este grupo, en el marco de su 149º período de sesiones.

En esta audiencia, las organizaciones presentamos un informe que da cuenta de los avances, obstáculos y retos pendientes en el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos  por parte de los sistemas judiciales internos en Guatemala, El Salvador, Argentina, Perú y Chile, y solicitamos a la CIDH que propicie, o en su caso, refuerce el diálogo con los Estados, y en particular con los poderes judiciales, para que estos casos pendientes sean eficientemente investigados y juzgados, y que considere elaborar un informe temático que sistematice la jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos sobre debida diligencia en la investigación de estas conductas y se documenten las mejores prácticas desarrolladas por los sistemas de administración de justicia nacionales al investigar y juzgar estos hechos.

La información aportada tuvo como base la investigación publicada por DPLF “Digesto de jurisprudencia latinoamericana sobre crímenes de derecho internacional”, volúmenes I y II, de la autoría de Ximena Medellín,  que compila y analiza las más relevantes decisiones judiciales relativas a la persecución penal de crímenes internacionales del continente, así como otras investigaciones y experiencias de litigio de las organizaciones representadas.

Durante la audiencia se informó a la CIDH que en la última década en América Latina, por un lado, se han dado notables progresos en derribar los obstáculos legales que impedían la justicia, como las amnistías, y en la persecución y sanción de los responsables de crímenes cometidos en conflictos armados o dictaduras militares, mediante  decisiones judiciales de cortes constitucionales que dieron paso a las sentencias de tribunales penales. Sin embargo, por otro lado, estos avances varían significativamente de país en país y a veces coexisten retrocesos, como lo ocurrido hace unos meses con el intento por reducir las penas a los responsables del caso Barrios Altos o como recién ha pasado en Guatemala en el caso por genocidio contra Ríos Montt, en el cual la Corte de Constitucionalidad dictó una sentencia que podría abrir la puerta para que se le aplique la Ley de Amnistía de 1986, pese a que esta fue derogada por la posterior Ley de Amnistía de 1996, la cual expresamente prohíbe su aplicación a  estos crímenes.