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Transparencia Venezuela, en su Informe sobre Corrupción en Venezuela de 2019, ha concluido que a lo largo de los últimos 15 años se ha configurado un patrón de Gran Corrupción que genera un inmenso despilfarro de recursos públicos y causa grandes violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, sumidos en una emergencia humanitaria compleja sin precedentes. La actualización de ese informe en 2020 presenta evidencia que estas redes de corrupción se han extendido por el mundo a través de una red compleja que han despertado la atención de los sistemas de justicia de veintiún países que para octubre estaban procesando casi 100 casos que tienen origen en la corrupción venezolana, que superan los $40.000 millones; evidenciando la naturaleza transnacional de esta operación criminal.
Las vinculaciones con las estructuras de poder, magnitud y complejidad de este tipo de fenómeno criminal es tal que los sistemas nacionales son incapaces de llevar a los responsables de gran corrupción ante los estrados judiciales; cuando esto ocurre, la comunidad internacional tiene la obligación de actuar. Por ejemplo, solo el caso Odebrecht en Venezuela da cuenta que la constructora brasileña se adjudicó con el gobierno del presidente Maduro cerca de 40 contratos por un monto aproximado de 60.000 millones de dólares. Sin embargo, a diferencia de otros países de la región, no han existido ningún tipo de auditoría ni investigaciones penales, situación de impunidad que ha llevado al Panel de Expertos Internacionales Independientes nominados por el Secretario General de la OEA concluir que: Las políticas adoptadas por el Gobierno de Maduro se han caracterizado por la intensificación de la corrupción, lo que ha generado un sistema de corrupción generalizada e institucionalizada donde los que controlan el Régimen se benefician del sufrimiento de su gente.
El reciente informe de la misión de determinación de hechos creada por el Consejo de DDHH de NNUU, ha concluido que: Un elemento de la crisis de Venezuela que merece una investigación más profunda, es el nexo entre la corrupción y las graves violaciones de los derechos humanos. Plantea la preocupación que los beneficios económicos personales derivados de la captura de las instituciones del Estado, constituye un fuerte incentivo para que los agentes gubernamentales mantengan el poder y garanticen la impunidad. Resultando grave el ánimo que motiva la comisión de estos crímenes internacionales. La Misión deja constancia en el párrafo 116 que muchas de las personas entrevistadas miembros actuales o ex miembros del gobierno han señalado que el aprovechamiento de los recursos del Estado es una de las principales motivaciones para la comisión de estos delitos atroces.
No existen garantías de que el sistema de justicia venezolano sea capaz de enfrentar imparcial y efectivamente los actos de corrupción y violación de derechos humanos amparados o perpetrados por el régimen. Una opción puede ser la creación de mecanismos ad-hoc, que, bajo diversas formas de cooperación internacional, tengan como objetivo apoyar la lucha contra la impunidad en aquellos casos más graves de corrupción y de violaciones a derechos humanos.
En ese sentido, recogiendo las experiencias comparadas, se hace necesario reflexionar en relación a los escenarios, modelos y posibilidades para establecer un sistema de justicia anticorrupción para Venezuela.
En la reunión se tratarán las siguientes preguntas:
- ¿Será necesario el diseño de un sistema de justicia anticorrupción especial, ya sea una jurisdicción especializada nacional o un Tribunal mixto o híbrido, con participación internacional?
- ¿Qué garantías de independencia e imparcialidad se debería incluir? ¿Cuál podría ser su composición?
- ¿Qué límites y oportunidades ofrece el actual marco constitucional venezolano
- ¿Será posible abordar la vinculación y diálogo entre los sistemas de lucha contra la impunidad en materia de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos, dentro de un enfoque integral y holístico de justicia transicional?
Agenda
10:00 Palabras de apertura y explicación de la metodología Davos de la reunión.
Moderación:
10:10 Presentación de la propuesta sobre el Sistema de Justicia Anticorrupción para Venezuela. Mercedes de Freitas – Transparencia Venezuela.
10:30 Comentarios del Panel.
- Andrea Santa Cruz, Directora del Centro de Derechos Humanos de la UNIMET
- José Ugaz, ex procurador especial de Perú, y ex presidente Transparencia International
- Jan-Michael Simon. Senior researcher at the Max Planck Institute for Foreign and International Criminal. Law
- Sandra Flores, Diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela
11:30 Ronda de preguntas de los participantes
12:00 Cierre del evento.
