La Fundacion para el Debido Proceso (DPLF), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y el Centro de Derechos Humanos de la Pontifícia Universidad Católica de Ecuador presentan Amicus Curiae en uno de los juicios más emblemáticos de los últimos años en Perú
El documento fue radicado el 18 de septiembre de 2014 en la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua y advierte una serie de preocupaciones por la forma como viene siendo conducido el proceso penal en perjuicio de Feliciano Cahuasa Rolín y otros 51 imputados por los hechos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 en el sector de la carretera Fernando Belaúnde Terry, conocida como “Curva del Diablo”, próximo a la ciudad de Bagua. En ese proceso se acusa a 52 personas (23 de las cuales pertenecen a los pueblos indígenas awajún-wampis) de varios delitos en agravio del Estado Peruano y 11 integrantes de la Policía Nacional del Perú fallecidos en la referida fecha.
El propósito del amicus curiae es alertar al Estado peruano sobre la necesidad de que sus autoridades judiciales observen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. A partir del estudio del expediente y de información de público conocimiento, así como la observación de audiencias llevadas a cabo ante la Sala Penal Liquidadora Transitoria de Bagua en julio y agosto del presente año, se ha podido constatar actuaciones de la Policía Nacional, Fiscalía y de las propias autoridades judiciales que se apartan de lo establecido en la jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano y otros órganos supranacionales de derechos humanos. DPLF estima que el amicus curiae representa una oportunidad para que tales hechos sean ponderados por el Poder Judicial al momento de dictar sentencia.
Para DPLF, la inobservancia de las garantías judiciales en el proceso penal dirigido a investigar los hechos de violencia ocurridos el 5 de junio de 2009 podría no sólo comprometer los derechos fundamentales de las 52 personas enjuiciadas, sino frustrar las expectativas de obtención de justicia, verdad y reparación por parte de los familiares de los policías que lamentablemente fallecieron en la referida fecha. En ese sentido, DPLF hace un llamado al Estado peruano para que los hechos sean debidamente esclarecidos bajo la estricta sujeción a los estándares internacionales de derechos humanos recogidos a lo largo del Amicus Curiae.