El juicio por la masacre de El Mozote continúa

October 16, 2018

[16 de octubre 2018] En este mes se cumplen dos años desde que un juez en El Salvador reabriera la investigación penal sobre la masacre de El Mozote, una de las peores atrocidades en la historia moderna de América Latina. Este proceso judicial en marcha es el primero en ese país por delitos graves relacionados con la guerra civil (1980-1992) y hasta el momento, el más avanzado. Las víctimas están siendo representadas por abogados de las organizaciones de derechos humanos Fundación Cristosal y Tutela Legal “María Julia Hernández.

Entre el 9 y el 11 de diciembre de 1981, el batallón Atlacatl del ejército salvadoreño -entrenado en Estados Unidos- asesinó, torturó y cometió otros actos de extrema violencia contra población civil en el cantón de El Mozote y las zonas rurales circundantes. De acuerdo con el registro oficial de víctimas, 986 civiles fueron ejecutados de manera indiscriminada; más de la mitad eran niños y niñas. También se cometieron violaciones  y otros actos de violencia sexual de forma sistemática contra mujeres, niñas y niños.

El gobierno no aceptó la responsabilidad de la masacre sino hasta 2011, en el contexto del trámite del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un litigio liderado por CEJIL y Tutela Legal del Arzobispado. La sentencia de la Corte IDH emitida en 2012, trajo algún alivio a las víctimas, al igual que las exhumaciones que se reanudaron desde 2014, aunque el caso permanecía en impunidad.

Como explicó Leonor Arteaga, Oficial Sénior de Programa de DPLF, en un artículo conmemorando el 35 aniversario de la masacre, los sobrevivientes buscaron justicia por décadas. En 1990 presentaron la primera denuncia ante el Juzgado del lugar (Juzgado de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Morazán) pero poco después del final de la guerra, una Ley de Amnistía se puso en marcha, colocando una barrera aparentemente insuperable para hacer que los perpetradores fueran penalmente responsables. Dicha Ley de Amnistía finalmente fue declarada inconstitucional en julio de 2016, sentando las bases para que dos meses y medio después, el ahora Juez del caso, Jorge Guzmán Urquilla, aceptara una petición de las víctimas para reabrir el caso. Luego, en marzo de 2017, dicho Juez presentó 9 cargos –entre ellos homicidio agravado y violación sexual- contra 18 oficiales militares de alto rango, entre ellos tres generales retirados: Juan Rafael Bustillo Toledo, Rafael Flores Lima y el ex ministro de Defensa José Guillermo García. Uno de los acusados, el ex Vice Ministro de Defensa, Francisco Adolfo Castillo, falleció hace unos días. Su muerte recuerda la urgente necesidad de que el proceso avance con eficacia dado que, por tratarse de un caso ocurrido por más de 30 años, la mayoría de los procesados son personas de avanzada edad.

Esas imputaciones serían las primeras en el país contra altos jefes militares por atrocidades del pasado, sin embargo, dada la gravedad de los delitos y el contexto en el que ocurrieron, los procesados ​​–quienes siguen el juicio en libertad- deberían ser acusados no sólo usando el derecho penal nacional (el Código Penal vigente en ese momento), sino también el derecho internacional (crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad). En este sentido, en un escrito de Amicus Curiae, DPLF, junto al Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHCUA), presentaron ante el tribunal del caso, argumentos sobre cómo utilizar en El Salvador la figura de la "doble subsunción" (doble calificación).

La jerarquía militar de los imputados es también un aspecto importante en las investigaciones judiciales. Al centrarse en la responsabilidad de los oficiales de alto rango, y no tanto en los soldados, el juez Guzmán Urquilla está tratando de determinar el contexto en el que se inserta el caso, como crimen de sistema, y el plan o política que explicaría el exterminio masivo de civiles. Ya en Estados Unidos, el juez que ordenó la deportación de uno de los acusados, Guillermo García Merino, declaró que la masacre fue parte de una "política militar deliberada", y esas conclusiones podrían ser utilizadas en el proceso seguido en El Salvador. La Comisión de la Verdad, la Corte IDH y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, de forma coincidente, han concluido que se trataría de un crimen planificado al más alto nivel, y no de hechos aislados.

Para profundizar las investigaciones, el juez Guzmán Urquilla también ordenó, desde 2006, a la Fuerza Armada que entregaran los registros relacionados con la masacre. En su respuesta informaron que la mayoría de los registros no pudieron ser localizados. Sin embargo, en febrero de 2018, el jefe de archivo general la Fuerza Armada y otro oficial, ofrecieron nuevos datos en sus testimonios. Señalaron que la información de valor histórico no se destruye por política institucional, y que los registros sobre la masacre de El Mozote podrían existir en archivos no buscados anteriormente. Lo más importante de su declaración es que indicaron que las operaciones y campañas especiales, como las acciones en El Mozote, no se llevan a cabo sin el conocimiento y la autorización de los niveles más altos de los militares. Ahora el juez y los fiscales en el caso deben seguir estas pistas.

Como parte de las investigaciones, desde 2016, el juez Guzmán Urquilla ordenó a las fuerzas armadas que entregaran los registros relacionados con la masacre, pero informaron que la mayoría de los registros no pudieron ser localizados. Sin embargo, el jefe de los Archivos Generales de las Fuerzas Armadas y otro oficial empleado en el lugar arrojaron luz sobre este asunto durante su testimonio de febrero de 2018. Señalaron que la información de valor histórico no se destruye como una cuestión de política, y que los registros sobre la masacre de El Mozote podrían existir en archivos no buscados anteriormente. De manera crucial, indicaron que las operaciones y campañas especiales, como las acciones en El Mozote, no se llevan a cabo sin el conocimiento y la autorización de los niveles más altos de los militares.

Los avances judiciales ha provocado el descontento de sectores cercanos a los militares acusados, quienes han argumentado que sería mejor dejar el caso de El Mozote en el pasado, piden perdón y olvido, sin siquiera mostrar arrepentimiento ni reconocimiento público de las culpas. Incluso la Fiscalía General de la República se mostró renuente a procesar el caso, que solo avanzó, debido a los esfuerzos de las víctimas representadas por sus abogados (acusación particular). El Fiscal General Douglas Meléndez inicialmente argumentó ante el tribunal que el caso de El Mozote estaba cerrado, que era cosa juzgada, y por tanto la solicitud de reapertura debía desestimarse. Sin embargo, el juez Guzmán Urquilla no aceptó este argumento y permitió que el caso siguiera su rumbo. Desde entonces, la oficina de Meléndez ha cambiado de postura, mostrando un rol más activo, o al menos, de no obstrucción.

Los testimonios proporcionados por 43 sobrevivientes y testigos en los últimos 15 meses ante el juez Guzmán Urquilla han sido desgarradores. Los sobrevivientes han hablado de los brutales asesinatos de sus seres queridos, incluidos ancianos, mujeres embarazadas y bebés. Han compartido cómo sobrevivieron huyendo y escondiéndose en cuevas y colinas a medida que avanzaba el ejército, y que, en ocasiones, los gritos de los niños alertaban a los soldados sobre su paradero. Está claro que muchos tienen cicatrices emocionales por haber presenciado semejante barbarie y haber sufrido la pérdida, en algunos casos, de toda su familia. El nivel de detalle que los testigos han compartido muestra cuán significativos han sido esos trágicos eventos en sus vidas. Una de las víctimas describió que al relatar de nuevo lo vivido "siento como que fue ayer".

Por su parte, durante el interrogatorio, los abogados defensores han tratado de desacreditar a las víctimas al dar a entender que en realidad no fueron testigos presenciales, sino que repiten relatos compartidos por otros. También han tratado de invalidar testimonios convincentes, únicamente porque tratarse de personas que no pueden leer y escribir. Estas estrategias de la defensa evidencian el desequilibrio de poder, de ese entonces y de ahora: muchas de las víctimas y testigos son agricultores y campesinos sin una educación formal, mientras que el equipo legal de los acusados ​​incluye abogados de élites. Asimismo, la defensa ha argumentado que lo que sucedió en El Mozote no fue una masacre sino un enfrentamiento armado entre militares y guerrilleros, y que las exhumaciones han puesto en evidencia los cementerios provisionales utilizados por la guerrilla en ese momento. Ninguna de estas estrategias ha progresado.

Expertas del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), testificaron en su calidad de peritas por haber realizado exhumaciones en El Mozote durante varios años. Según explicaron ante el tribunal, en sus informes periciales establecieron de manera decisiva que las víctimas descubiertas en fosas comunes fueron asesinadas en el mismo lugar y tiempo. También declararon que los restos de las víctimas no habían sido removidos, ni manipulados, y que muchos habían recibido disparos varias veces mientras estaban en el suelo, descartando las teorías de una confrontación armada entre los dos grupos. Estos testimonios periciales corroboraron lo declarado antes por testigos presenciales, quienes aseguraban haber visto muchas personas asesinadas a tiros y haber descubierto pilas de cuerpos en una iglesia, y en otros lugares, tantos que resultaba difícil contarlos.

El EAAF reveló que la evidencia balística mostraba que muchas de las balas que mataron a las víctimas se fabricaron en Missouri- lo que demuestra en el juicio el apoyo material y financiero que Estados Unidos brindó a los militares salvadoreños, a pesar de que no se ignoraban los abusos a los derechos humanos que se estaban cometiendo en la época. El tema de la ayuda exterior de Estados Unidos para regímenes abusivos de derechos humanos sigue siendo un asunto controvertido y relevante hoy en día.

Por otro parte, académicos y expertos internacionales han expresado su apoyo al proceso de justicia, pero a la vez llaman a que se agilice, pues ya son muchos años de espera. Se conoce que le proceso continuará hasta, al menos, mediados de 2019.

Antes de que el tribunal a cargo llegue a un veredicto, se espera que la Corte IDH emita una resolución  de supervisión de cumplimiento de El Salvador con su sentencia de 2012 (anteriormente citada), con base en su visita a El Mozote en agosto de 2018. Durante esa visita, la Corte IDH escuchó a las víctimas y los funcionarios del gobierno salvadoreño sobre el cumplimiento del Estado con la obligación de investigar, procesar y sancionar graves violaciones de derechos humanos relacionadas con la masacre, entre otras reparaciones ordenadas por la Corte IDH. El Juez Zaffaroni y otros funcionarios de la Corte IDH, han señalado que el Estado no ha asignado suficientes recursos a la investigación penal del caso. Por ejemplo, el Juez Guzmán Urquilla no cuenta con un equipo especial para el caso, además de que tiene a su cargo, no solo el complejo proceso penal de El Mozote, sino también procesos civiles y laborales, entre otros. Se espera que la próxima resolución de la Corte IDH aborde estas deficiencias y proporcione recomendaciones concretas para el avance.

Aun está por verse si este histórico juicio tendrá como resultado una condena ejemplarizante contra los militares acusados, pero por el momento, el proceso judicial ya está descubriendo realidades que no pueden ser ignoradas. Para muchos, la escala y el horror de esta masacre fueron similares a un genocidio.

A pesar de la magnitud del crimen, su importancia para la memoria histórica y lo inédito del proceso para El Salvador, la presencia de medios de comunicación, y más aun de la sociedad civil y de actores internacionales, durante las audiencias ha sido relativamente poca. Más allá del contexto político electoral salvadoreño y otros temas que acaparan titulares, las víctimas de El Mozote deben ser escuchadas, ya han esperado 37 años, y hoy finalmente están contando la verdad públicamente, en un proceso que merece toda la atención nacional e internacional.