Nicaragua expulsa mecanismos de monitoreo de la CIDH en medio de una grave crisis democrática y de derechos humanos

December 20, 2018

Foto: MESENI, CIDH/Flickr

Washington D.C., 20 de diciembre de 2018. - De manera sorpresiva, el gobierno de Daniel Ortega informó ayer su decisión de suspender la presencia en el país del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y de expulsar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), ambos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esta decisión ocurre después de que la Asamblea Nacional les quitara, arbitraria e ilegalmente, la personalidad jurídica a varias asociaciones civiles y organizaciones de derechos humanos, y en un contexto de progresivo deterioro de la democracia y del Estado de Derecho.

Los referidos mecanismos fueron establecidos a partir de un acuerdo suscrito el 30 de mayo de 2018 entre el gobierno de Nicaragua, la Secretaría General de la OEA y la CIDH. El MESENI ha venido ejerciendo una labor esencial de monitoreo de la situación de los derechos humanos, recepción de denuncias y acompañamiento de medidas cautelares en Nicaragua. La expulsión del GIEI se da el día anterior a una conferencia de prensa prevista para llevarse a cabo hoy en Managua, en donde daría a conocer su informe final sobre los hechos violentos ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, durante las manifestaciones ciudadanas contra el gobierno. A fines de agosto una delegación del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU fue igualmente expulsada de Nicaragua tras la publicación de su informe sobre los hechos de violencia en el país.

Las decisiones adoptadas en los últimos días en Nicaragua muestran, una vez más, la arremetida del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra cualquier voz crítica, desde la sociedad civil nicaragüense o de organismos supranacionales de derechos humanos, a la violencia institucional y a la consolidación de un régimen dictatorial en el país centroamericano.

Desde DPLF, hacemos un llamado para que la comunidad internacional adopte medidas enérgicas y exija la rendición de cuentas de las autoridades responsables por graves violaciones de derechos humanos y el socavamiento de la democracia en Nicaragua.