Washington D.C., 30 de octubre de 2013.- El 1 de noviembre se llevará a cabo una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre la Situación de derechos humanos de las personas afectadas por la minería en las Américas y la responsabilidad de los Estados huéspedes y de origen de las empresas, en el marco del 149º período de sesiones de la CIDH, en Washington D.C.
En esta audiencia, las organizaciones participantes abordarán el impacto de la actividad minera en los derechos humanos y resaltarán el rol de los Estados de origen de las empresas transnacionales en la protección de los derechos humanos en el marco de la actividad minera en la región. Se utilizarán como ejemplos los casos de Brasil y Canadá (cabe mencionar que el 80% de la actividad minera en América Latina es desarrollada por empresas canadienses). Asimismo, se discutirán la actuación de las empresas mineras y el impacto que esta tiene en la vigencia de los derechos humanos de las personas en Latinoamérica, especialmente en Chile, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras y México.
Aunque el impacto de las industrias extractivas en los derechos humanos ha sido un tema de preocupación de la CIDH, esta será la primera vez que se discuta la responsabilidad que podrían tener los Estados de origen de las empresas mineras por las actividades de estas, que violan los derechos humanos en varios países de la región. Hasta ahora, las discusiones sobre este tema han girado alrededor de la responsabilidad de los Estados “anfitriones” –los que permiten que las empresas extranjeras vulneren los derechos humanos de los habitantes de sus países–. Muy poco se ha hablado de la responsabilidad que tienen los Estados de donde provienen estas empresas -“Estados de origen” o “home states”- los que, según los peticionarios de esta audiencia, deben responder también por estos hechos.
Las razones para hacer esta afirmación son diversas, pero una fundamental es la falta de controles adecuados de los Estados de origen sobre sus empresas, para evitar que estas violen derechos humanos cuando operan fuera de su territorio. Esto es aún más grave si se tiene en cuenta que los Estados de origen tienen conocimiento de estas violaciones, debido a que han sido denunciadas directamente ante sus embajadas y en algunos casos, ante instancias estatales en los países respectivos. En muchos casos, estas situaciones son de conocimiento público en los países. En el caso de Canadá, las violaciones de derechos humanos no han incidido para que el Estado les exija a las empresas que cumplan con las normas de derechos humanos antes de seguir apoyándolas económica y políticamente.
Otra razón importante es que las víctimas de estas violaciones –que usualmente no obtienen respuesta en sus países- tampoco encuentran mecanismos adecuados para canalizar sus denuncias y reclamos en los países de origen de las empresas. En el caso de Canadá, ni las cortes civiles ni las penales cuentan con mecanismos para dar respuesta a los reclamos de las víctimas. Algunas acciones tomadas por el Estado, como la realización de consultas multisectoriales y mesas redondas, han resultado insuficientes. Es necesario crear mecanismos efectivos de acceso a la justicia para las víctimas de este tipo de afectaciones. El sistema interamericano por su naturaleza, puede jugar un rol clave en el diseño y promoción de estos mecanismos, no solo en los Estados donde estas afectaciones ocurren, sino en aquellos de origen de las empresas.
Otro aspecto que se mencionará en la audiencia es la intervención de representantes del gobierno de Canadá en la elaboración y/o modificación de leyes nacionales sobre minería y asuntos ambientales en varios de los países analizados, lo que contrasta con la falta de participación de las comunidades afectadas por la minería en los procesos de reforma o adopción de leyes o de concesión o revocatoria de concesiones mineras. Aunque es un tema con muchas aristas, esta audiencia quiere llamar la atención sobre este aspecto y promover la discusión sobre los alcances y límites tanto legales como éticos de este tipo de intervención.
En el caso de Brasil, durante la audiencia se informará a la CIDH sobre casos concretos de violaciones de los derechos humanos derivadas de la actuación de empresas mineras extranjeras en Brasil pero también de la actuación de empresas brasileñas en otros países de América Latina (como Perú, Colombia, Chile y Argentina). Cabe resaltar que la minería brasileña que actúa fuera del Brasil cuenta con un fuerte apoyo del Estado brasilero mediante una serie de mecanismos jurídico-institucionales y financiamiento de parte del Estado. En ese sentido, se resaltara la actuación del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De las grandes empresas brasileras que actúan fuera de Brasil, se mencionará la actuación de la Vale y de EBX. Para su expansión al exterior, estas empresas han contado con préstamos y financiamiento importante de gobiernos, como fue el caso del préstamo de mil millones de dólares del gobierno canadiense (para la empresas Vale) y la donación de un millón de dólares del gobierno colombiano para proyectos de EBX.
Participarán en la audiencia: Dora Lucy Arias, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, (Colombia); Pedro Landa, del Centro de Promoción y Desarrollo de Honduras, CEPRODEH, (Honduras); Nilton Velazco, de la Pastoral Social de Dignidad Humana (Perú); Alexandra Montgomery, en representación de Justicia Global y de la Red Internacional de los Afectados por la Vale (Brasil); Rubén Cruz , Vocero de la comunidad indígena Diaguita Patay Co (Chile) y Katya Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso (Washington, DC).
La audiencia se transmitirá en vivo a través del canal web de la OEA aquí
Fecha: 1 de noviembre de 2013
Hora: 3:15 pm
Lugar: Sala Padilha Vidal del edificio GSB de la OEA, 1889 F St., N.W., Washington, D.C. 20006
De ser necesaria mayor información sobre esta audiencia o concertar una entrevista con alguno de los participantes de la misma por favor ponerse en contacto con:
Grace Durante
Gerente de Comunicaciones y Op.
Fundación para el Debido Proceso
(202) 462 7701