Las Américas, 24 de julio de 2019. Las organizaciones firmantes observamos con profunda preocupación el creciente acoso institucional y actos de intimidación contra la Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala (CC) en respuesta al cumplimiento de su mandato de defensa del orden constitucional en el país y de sus obligaciones internacionales. En especial, resulta alarmante que las hostilidades contra el alto tribunal sean encabezadas por representantes o integrantes de los otros dos poderes del Estado.
El pasado 14 de julio la CC resolvió, a través de un amparo, que el ejecutivo faltó a la Constitución en las negociaciones del acuerdo “Tercer país Seguro” entre Guatemala y Estados Unidos de América. Pese a que la CC cumplió con su mandato de señalar la atribución del Congreso de la República de Guatemala en la decisión, el presidente Jimmy Morales e integrantes de dicho Congreso han buscado responsabilizar a la CC por afectaciones sobre las conversaciones diplomáticas entre Guatemala y Estados Unidos de América. Esto ha provocado preocupantes llamados al desacato de lo establecido por el alto tribunal que implican un ataque al Estado de Derecho.
Paralelamente, durante los últimos días, las magistradas y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad también han sido objeto de acoso institucional desde el Congreso de la República a raíz del amparo que otorgaron para suspender el proceso legislativo de la iniciativa que modifica la Ley de Reconciliación Nacional. Dicha resolución, además de detener una reforma que representa un grave retorno a la impunidad, da cumplimiento a la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de interrumpir y archivar el trámite legislativo de la iniciativa por ser contraria al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. A pesar de lo anterior, el día 24 de julio la Presidencia del Congreso de la República presentó una solicitud de antejuicio contra 3 integrantes de la Corte de Constitucionalidad.
Las organizaciones que adscribimos a este pronunciamiento lamentamos que estas hostilidades contra el garante del orden constitucional de Guatemala tengan lugar en la antesala de la segunda vuelta electoral y como respuesta a un accionar pertinente a su mandato y a las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco.
Hacemos un llamado a los representantes de los poderes ejecutivo y legislativo de Guatemala a cumplir con lo establecido tanto en la Constitución Política de la República como con las obligaciones internacionales del Estado, respetando la institucionalidad que salvaguarda el orden constitucional. Asimismo, les exhortamos a abstenerse de ejecutar cualquier medida que ponga en riesgo a las y los magistrados de la CC en lo individual, así como a la garantía de independencia judicial en lo estructural.
Finalmente, llamamos a la comunidad internacional, y en especial a los organismos internacionales de protección, a mantenerse vigilantes de esta situación y a actuar con prontitud para evitar mayores vulnerabilidades al Estado de Derecho en Guatemala.
Organizaciones firmantes:
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)
Guatemala Human Rights Commission (GHRC)
Impunity Watch
Plataforma Internacional contra la Impunidad
Robert F. Kennedy Human Rights
Oficina Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)