Washington D.C., New York, San José Costa Rica y Ciudad de Guatemala, 13 de febrero de 2017.- Las organizaciones firmantes observamos con preocupación los recientes escándalos de tráfico de influencias y de manipulación de los procesos de elección de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, en los que están implicados públicamente la Magistrada Blanca Stalling y el Magistrado Eddy Orellana. Estos casos ponen en evidencia las injerencias externas en el sistema de elección de magistrados y jueces, y muestran la necesidad de realizar reformas profundas para garantizar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia.
En tal sentido, consideramos importante que el Congreso de la República de Guatemala apruebe las reformas constitucionales adecuadas para garantizar la independencia judicial. Las reformas constitucionales permitirán la creación y la regulación de mecanismos eficaces para la selección del Fiscal General de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de la Corte de Apelaciones, así como de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Las reformas también fortalecerán un sistema de carrera judicial objetivo administrado por un órgano interno calificado, para evitar la injerencia de intereses políticos y el tráfico de influencias dentro del Organismo Judicial.
Los estándares internacionales en la materia dictan que es necesario separar las funciones judiciales de las administrativas como garantía de independencia interna, y que es importante contar con un sistema de carrera judicial objetivo en el cual se promueva la excelencia profesional y la ética judicial. La experiencia internacional también demuestra que es importante el reconocimiento del derecho indígena para garantizar el acceso a la justicia para los pueblos indígenas, con pleno respeto a sus culturas.
Es importante subrayar que las propuestas de reformas al sector justicia fueron formuladas a través de un proceso de consulta amplio y transparente con distintos sectores de la sociedad, y que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de legislar en favor del bien común de todos los ciudadanos, incluidos los Pueblos Indígenas. Finalmente, exhortamos a los funcionarios íntegros y a las organizaciones de la sociedad civil a seguir defendiendo la independencia judicial como una garantía fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos, y a seguir trabajando en favor de la construcción del Estado de Derecho.