Seis instituciones de justicia en El Salvador en capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Thu, 08/24/2017 - 00:00 -- dplf

Los días 24 y 25 de julio de 2017, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia (UTE) en El Salvador, que aglutina a las 6 principales instituciones del sistema de justicia, realizó un foro público, seguido de un taller, con el objetivo de entender las obligaciones que derivan de las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha emitido en contra de El Salvador, en particular el caso Agapito Ruano y otros Vs. El Salvador (LINK A LA INFOGRAFIA), el 5 de octubre de 2015.  

En este caso, la Corte IDH declaró responsable al Estado de El Salvador por la violación del derecho a la integridad personal y la prohibición de la tortura, del derecho a la libertad personal, de la presunción de inocencia, del derecho a la defensa y a ser oído con las debidas garantías, y del derecho a la protección judicial del señor Agapito Ruano. En el trámite del caso ante la Corte IDH, el Estado de El Salvador realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional que incluyó la aceptación total de los hechos. El caso plantea un análisis novedoso respecto del derecho a la defensa y del derecho a la presunción de inocencia, específicamente sobre las diligencias mínimas que debe llevar a cabo un Estado para verificar la identidad de una persona antes de continuar con un proceso penal y emitir una condena en su contra.   

La obligación del Estado de investigar y demostrar la debida diligencia puede ser a través de constancia del mismo través de órdenes de trabajo claras, participación de las víctimas en el proceso entre otros, y evitar que la CoIDH nuevamente solicite la investigación de aquellos defensores que no realizaron diligentemente sus funciones pues el simple nombramiento de un defensor de oficio equivale a no contar con defensa técnica, sino a un mero cumplimento de una formalidad procesal.

Una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte, en este y otro casos, ha sido la creación e implementación de programas de capacitación continua para operadores del sistema de justicia en materia de protección a derechos humanos.  Sin un esfuerzo real para educar respecto de los estándares internacionales en uso de figuras como la detención o la prisión preventiva, no existirán garantías sobre la no repetición de violaciones a derechos humanos durante el proceso penal.

DPLF, como socio implementador del Proyecto Derechos y Dignidad, junto a Counterpart y Parterns El Salvador apoyó en la organización de este evento, en el entendido de que espacios de enseñanza y diálogo como éste son la muestra de que los cambios institucionales sí son posibles. Durante dos días de trabajo intenso, fiscales, defensores públicos y otros representantes de instituciones públicas, participaron con interés en las conferencias y mesas de trabajo que fueron diseñadas para ellos. Al final de las jornadas, a través de un ejercicio colectivo, las y los funcionarios diseñaron una hoja de ruta para avanzar en el cumplimiento de los estándares del sistema interamericano, especialmente en el cumplimiento de la sentencia Agapito Ruano y otros Vs. El Salvador.