La prisión preventiva es una medida excepcional que debe ser aplicada por el menor tiempo posible.
Sin embargo, la realidad en América Latina es distinta: los operadores de justicia aplican el encarcelamiento preventivo de forma extendida y en muchos casos arbitraria, amparados en la presión social a favor del endurecimiento de los sistemas penales, en contextos de poderes judiciales débiles.
Este fenómeno explica en buena medida el incremento sostenido de la población penitenciaria durante las últimas décadas.
Mientras que el clima a favor de políticas "de mano dura" se fortalece, los poderes judiciales carecen de políticas institucionales para enfrentarlo. Jueces garantistas se enfrentan a un sistema judicial que los deja desprotegidos frente a la presión mediática y que los amenaza con una sanción disciplinaria.
DPLF, en coordinación con organizaciones de la región, estudia el impacto que tienen los ataques a la independencia judicial en los fallos sobre prisión preventiva, con la finalidad de plantear recomendaciones concretas que promuevan la imparcialidad de los jueces y el uso legítimo de la prisión preventiva.
Desde el 2012, DPLF forma parte de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio en América Latina donde está a cargo del área de independencia judicial y prisión preventiva. Puede encontrar mayor información sobre la Red Regional aquí.
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