El 3 de abril de 2023, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) y el Observatorio Derechos y Justicia (ODJ) de Ecuador presentaron de manera conjunta un memorial de amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Viteri Ungaretti vs.
Con el propósito de aportar al entendimiento y abordaje de las desapariciones forzadas de corta duración, presentamos ante el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias un documento técnico como a contribución para la próxima declaración conjunta que estos mecanismos internacionales
En abril de 2023, DPLF presentó un escrito de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de México en un proceso de amparo interpuesto por Misael Alejandro Bastidas, que trata de los estándares internacionales sobre el deber de reparación que tienes los Estados.
Junto a Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y el Servicio Social Pasionista (SSPAS), presentamos un informe al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, MorrisTidball-Binz
Amicus curiae: Caso Beatriz y otros vs. El Salvador
En los últimos años, desde la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) hemos promovido el conocimiento, análisis y aplicación del derecho internacional relacionado con los derechos de las mujeres, el enfoque de género y la diversidad sexual, y el rol de los sistemas de justicia en la protección y defensa de esos derechos. También hemos venido apoyando a las organizaciones de sociedad civil que acompañan y representan legalmente a víctimas, para fortalecer sus estrategias de litigio a nivel nacional e internacional, y esta Guía es parte de ese esfuerzo, que esperamos continuar.
En la región se han producido numerosos materiales que nos muestran el procedimiento a seguir para presentar peticiones individuales ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH); sin embargo, creemos que hacía falta una publicación con los pasos a seguir antes de presentar dicha denuncia.
Por ello, junto a la Fundación Heinrich Böll, presentamos esta Guía con consideraciones mínimas a tomar en cuenta a la hora de analizar y documentar casos de violaciones a derechos humanos, es decir, en la etapa previa a su presentación ante el SIDH.
Esta Guía se divide en tres partes: Primero, un glosario de conceptos relevantes relacionados con el litigio de casos ante el SIDH. Posteriormente, se brindan útiles recursos audiovisuales y de lectura que permiten profundizar sobre algunos términos o procesos. Finalmente, se describen los pasos mínimos a tomar en cuenta antes de decidir el litigio estratégico de casos.
Confiamos en que este documento contribuirá a facilitar particularmente el camino para el acceso a la justicia de violaciones de derechos humanos de niñas, mujeres y población de la diversidad sexual, para litigios estratégicos que logren transformaciones a gran escala, en lo público y/o lo institucional, mediante una mayor especialización de las organizaciones.
Descarga aquí la Guía básica para el análisis y documentación en el litigio estratégico de casos sobre discriminación por género, orientación sexual e identidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, durante su 75º periodo de sesiones a realizarse en noviembre de 2022, examinará el cumplimiento que el Estado de El Salvador ha dado a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a partir de las recomendaciones que dicho Comité le hiciera a ese país en año 2009.
El 3 de octubre de 2022, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un escrito de amicus curiae ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, El Salvador, en el proceso penal 69/1992 —conocido como “Masacre de El Calabozo”— con el objetivo de proporcionar argumentos jurídicos sobre por qué los hechos ocurridos en esta comunidad configuran graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra), y la necesidad de tomar en cuenta estas categorías de derecho internacional en el ámbito interno.
Este escrito presenta algunas consideraciones sobre el principio de legalidad en el ámbito penal y el derecho internacional como ley previa para crímenes internacionales, así como las teorías de intervención criminal punible por medio de los cuales responsabilizar a los intervinientes en la comisión de crímenes de esta clase, entre las que se destaca la responsabilidad superior y el dominio de la voluntad en los aparatos de poder organizado.
La masacre de El Calabozo se refiere a una serie de matanzas contra pobladores rurales, cometidas por los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, Ramón Belloso, Atonal y los Batallones Lempa y Jerez en conjunto con el Destacamento Militar de Infantería No. 2 y la Quinta Brigada de Infantería con sede en San Vicente durante el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, realizado desde el 17 de agosto de 1982 en los cantones de San Jacinto La Burrera, Cedros de San Pedro, El Carao, El Chilillo, Ayalitas, La Angostura, San José y otros cantones de la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.
Finalmente, el 22 de agosto, un grupo de al menos 200 personas sobrevivientes que se refugiaron en el lugar conocido como El Calabozo, cerca de las riberas del río Amatitán, fueron sorprendidos y ametrallados por varias fuerzas militares. Los cuerpos de las personas asesinadas fueron amontonados y quemados, otros fueron arrastrados por la corriente del río.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la masacre de El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Lee el amicus curiae aquí.
Hace poco más de 40 años el caserío de El Mozote y sus alrededores fue escenario de una masacre sin precedentes. Era diciembre de 1981 cuando, en esa comunidad al nororiente de El Salvador, casi 1000 personas fueron ejecutadas por militares en la peor matanza de civiles que vivió ese país durante el conflicto armado (1980-1992). Más de la mitad eran niñas y niños.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó una evaluación al Estado de El Salvador, el pasado 19 de julio de 2022, sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por ese mecanismo internacional.
