01 de enero 2018
Con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz (1993), los obstáculos legales que impedían establecer consecuencias penales para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en El Salvador quedaron sin efecto.
En seguimiento a dicha inconstitucionalidad, en diciembre de 2016, la Fiscalía General de la República creó un grupo especial de fiscales para investigar los casos del conflicto armado. A un año de esa iniciativa, presentamos este documento a fin de contribuir al diseño de una política de persecución penal especializada que, por un lado, obtenga resultados en la investigación y judicialización, y por el otro, sea reparadora y evite causar nuevos daños a las víctimas.
Nos mueve, por un lado, el interés de dar aportes de calidad para que la Fiscalía maximice los recursos con los que cuenta –que sabemos escasos- y por otro, la urgencia de que las causas avancen, que sin excepción están estancadas, hacia la judicialización de los responsables, respetando las reglas del debido proceso y las obligaciones del Estado.
Estamos convencidos que los fiscales de dicho grupo deben contar con los conocimientos y la experiencia necesarios sobre el marco jurídico aplicable, incluyendo las leyes internacionales penales y de derechos humanos pertinentes; así como sobre las mejores prácticas para conducir y organizar las investigaciones para este tipo de crímenes complejos.
Consulta el documento completo aquí.