El día de hoy, 18 de junio de 2014, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un amicus curiae en el proceso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que se sigue en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.Con este escrito DPLF aporta argumentos en relación a la prohibición de aplicar las leyes de amnistía que impiden la investigación, el enjuiciamiento o la sanción de graves violaciones de derechos humanos y de crímenes internacionales -como la ley salvadoreña- porque resultan contrarias a las normas y estándares regionales y del sistema universal vinculantes para el Estado de El Salvador en materia del derecho de acceso a justicia, así como argumentos de derecho comparado en rechazo a las amnistías por parte de los Estados de la región.
Desde la aprobación de la Ley de Amnistía en 1993, diversos órganos de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas urgieron al Estado salvadoreño a modificarla o incluso a derogarla, porque claramente imposibilitaba a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos obtener justicia y reparación. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue enfática al considerarla incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos y, en particular, con el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, la obligación de investigar, procesar y sancionar y el derecho a la verdad. Más recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia del caso El Mozote, tuvo por inválidos los efectos de la Ley de Amnistía y ordenó al Estado tomar las medidas necesarias para que dicha norma no siga siendo un impedimento para la persecución penal.
Por su parte, en el 2000, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador interpretó que la Ley de Amnistía no era válida en casos de afectación de derechos fundamentales, y derivó a los jueces la decisión de aplicarla o no en cada caso concreto. No obstante, esta decisión no se tradujo en avances en la investigación y sanción de estos crímenes. En marzo de 2013, un grupo de organizaciones de derechos humanos nuevamente demandaron ante la misma Sala que revise la conformidad de la Ley de Amnistía con la Constitución y el derecho internacional y amplíe los alcances de la decisión del año 2000. Es en el marco de este proceso que se ha presentado este amicus curiae.
DPLF espera que este aporte sea tomado en cuenta por la Sala de lo Constitucional y que la decisión que adopte interprete la Ley de Amnistía de tal forma que se anulen sus efectostomando en cuenta las obligaciones internacionales de El Salvador en materia de derechos humanos y el derecho y la jurisprudencia internacional pertinentes.