El Caso Pueblos Indígenas Tagaeri y Taromenane se refiere a una serie de violaciones a los derechos humanos de los referidos pueblos indígenas en aislamiento voluntario (PIAV) y sus miembros, producto de la realización de proyectos extractivos y de actos de violencia ocurridos entre 2003 y 2013 en sus territorios.
El 3 de octubre de 2022, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un escrito de amicus curiae ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, El Salvador, en el proceso penal 69/1992 —conocido como “Masacre de El Calabozo”— con el objetivo de proporcionar argumentos jurídicos sobre por qué los hechos ocurridos en esta comunidad configuran graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra), y la necesidad de tomar en cuenta estas categorías de derecho internacional en el ámbito interno.
Este escrito presenta algunas consideraciones sobre el principio de legalidad en el ámbito penal y el derecho internacional como ley previa para crímenes internacionales, así como las teorías de intervención criminal punible por medio de los cuales responsabilizar a los intervinientes en la comisión de crímenes de esta clase, entre las que se destaca la responsabilidad superior y el dominio de la voluntad en los aparatos de poder organizado.
La masacre de El Calabozo se refiere a una serie de matanzas contra pobladores rurales, cometidas por los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, Ramón Belloso, Atonal y los Batallones Lempa y Jerez en conjunto con el Destacamento Militar de Infantería No. 2 y la Quinta Brigada de Infantería con sede en San Vicente durante el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, realizado desde el 17 de agosto de 1982 en los cantones de San Jacinto La Burrera, Cedros de San Pedro, El Carao, El Chilillo, Ayalitas, La Angostura, San José y otros cantones de la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.
Finalmente, el 22 de agosto, un grupo de al menos 200 personas sobrevivientes que se refugiaron en el lugar conocido como El Calabozo, cerca de las riberas del río Amatitán, fueron sorprendidos y ametrallados por varias fuerzas militares. Los cuerpos de las personas asesinadas fueron amontonados y quemados, otros fueron arrastrados por la corriente del río.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la masacre de El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
Lee el amicus curiae aquí.
Con fecha del 6 de septiembre de 2022, DPLF sometió un memorial de amicus curiae ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en el proceso de amparo iniciado por el juez Miguel Ángel Gálvez contra la decidió de la Corte Suprema de Justicia que resolvió darle tramite a una solicitud de antejuicio en su contra –promovida por la Fundación contra el Terrorismo–. En esta, al juez Gálvez se le imputa haber utilizado la figura de la “prisión provisional” para mante
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un memorial de amicus curiae ante el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima en el proceso de amparo promovido por el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo contra los congresistas que integran la Comisión Especial de Selección de Candidatas/os aptos para la Elección del Defensor del Pueblo.
El caso Nissen Pessolani Vs. Paraguay se relaciona con la imposición de la sanción disciplinaria de remoción al Sr.
El 23 de febrero de 2022 la Fundación para el Debido Proceso presentó un amicus curiae a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en un caso relacionado con la ausencia de legislación adecuada para garantizar la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras tradicionales en Guatemala, la respuesta estatal inadecuada a las gestiones de la Comunidad Agua Caliente para que su territorio sea titulado, y el otorgamiento irregular de concesiones
El 4 de diciembre, DPLF presentó un amicus curiae a la Corte Constitucional del Ecuador en el marco de una acción de protección presentada por la Delegación Provincial de la Defensoría del Pueblo de Sucumbios y por Mario Pablo Criollo Quenama, presidente de la comunidad A 'I Cofan de Sinangoe.
DPLF, junto a organizaciones civiles, académicas, abogadas y abogados suscribe este amicus curie ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija del Estado Plurinacional de Bolivia, con la finalidad de contribuir a un pleno respeto del Estado de derecho y de los derechos humanos en Bolivia, bajo el marco de referencia de las normas
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada en mayo de 2019, forma parte del marco jurídico de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad en México.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un amicus curiae ante el Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú, en el marco del proceso de amparo promovido por un ciudadano, el señor Walter Edison Ayala Gonzáles, contra el Congreso de la República del Perú, con el objeto de cuestionar la va
