La superación de los períodos autoritarios y conflictos armados en las sociedades latinoamericanas imponen la responsabilidad estatal de resolver el legado de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en estos contextos. No obstante, luego de varias décadas, muchos de estos casos todavía siguen en la impunidad.
[16 de octubre 2018] En este mes se cumplen dos años desde que un juez en El Salvador reabriera la investigación penal sobre la masacre de El Mozote, una de las peores atrocidades en la his
En el artículo se analizan los criterios empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la determinación de hechos probados, admisión y valoración de la prueba en casos de violencia de género. Tras resumir algunos conceptos de la teoría de la evidencia, el ensayo examina los parámetros de admisión y ponderación de la prueba, normalmente utilizados por la Corte Interamericana. Finalmente, se analiza el estándar probatorio empleado por la Corte en casos en los que las partes peticionarias denuncian hechos constitutivos de violencia de género.
Este artículo propone que, desde la invalidación de la ley de amnistía de El Salvador, por una decisión constitucional en julio de 2016, el país se encuentra ante una nueva oportunidad histórica, política y jurídica para abordar la impunidad en la que han permanecido los más graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado que tuvo lugar entre 1980 y 1992. Mejoras en la rendición de cuentas por el pasado, beneficiarían la lucha contra la impunidad del presente.
Este informe es una entrevista con Naomi Roht-Arriaza, abogada norteamericana, experta en justicia transicional, derecho internacional de los derechos humanos y derecho internacional humanitario. Ha estudiado, de manera especial, los procesos postconflicto en América Latina y África.
El 5 de junio de 2009 se llevó a cabo un operativo policial cerca de la ciudad de Bagua, puerta de entrada de la Amazonía peruana. Efectivos de la Policía Nacional recibieron del gobierno de Alan García Pérez la orden de desalojar a miles de personas que ocupaban un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, conocido como Curva del Diablo. La ocupación se había dado en el contexto de un paro nacional, organizado por comunidades nativas de la Amazonía, contra decretos legislativos que flexibilizaban la concesión de actividades extractivas en sus territorios.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue establecida mediante Convenio Internacional suscrito entre el Gobierno de la República de Honduras y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos del 19 de enero de 2016, con el fin de apoyar los esfuerzos del país para el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad, así como de fortalecer su sistema de justicia y de protección de los derechos humanos.
El presente documento tiene como objetivo promover la reflexión comparada y el debate público sobre los mecanismos contra la impunidaden América Latina, desde algunos de sus principales aspectos, que permitan identificar en el futuro, lecciones aprendidas y nuevos desafíos.
