En medio del creciente cierre del espacio cívico y el aumento de violaciones a los derechos humanos en diversos países de la región, la sociedad civil organizada enfrenta desafíos sin precedentes.
Junto con líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes y organizaciones defensoras de derechos humanos, presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
En este primer informe
En un contexto de avances significativos en la protección de los derechos de los pueblos indígenas y tribalesa nivel internacional, surge una realidad preocupante: muchas organizaciones, comunidades y personas indígenas desconocen los instrumentos internacionales diseñados para salvaguardar sus derechos fundamentales, así como los mecanismos disponibles para demandar su cumplimiento.
Esta tercera edición del Manual para Defender los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales ofrece información y herramientas concretas para la promoción y defensa de esos derechos. La atención se centra especialmente en las herramientas internacionales para enfrentar la discriminación, criminalización, actos de violencia y otros abusos derivados de proyectos de infraestructura, exploración y extracción de recursos naturales en territorios indígenas.
A lo largo del manual, se desarrolla el alcance y contenido de los derechos de los pueblos indígenas y tribales internacionalmente protegidos y se proporciona información detallada sobre los mecanismos disponibles para protegerlos. Considerando los desarrollos significativos en la jurisprudencia internacional, el manual también hace referencia a sentencias y otros pronunciamientos recientes de los órganos supranacionales de derechos humanos. Con la aspiración de convertirse en una herramienta valiosa, el manual no solo busca fortalecer la capacidad de defensa de los derechos indígenas, sino contribuir a la difusión y conciencia más amplia sobre estos derechos.
El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX), que trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en sus vertientes popular, autonómica y descolonizadora, ha moldeado su formación a lo largo del tiempo enfrentándose a los desafíos políticos y sociales con un enfoque a
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú emitió una sentencia de gran controversia que ha generado un preocupante retroceso en el reconocimiento y protección del derecho a la protesta social en el país. Esta sentencia tiene como base un caso que gira en torno al bloqueo de una carretera rural en la región de Apurímac, como parte de una manifestación en contra de la empresa minera Las Bambas.
El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Legislativo No. 333, marcando el inicio de un inédito régimen de excepción en El Salvador. Esta medida, propuesta por el presidente Nayib Bukele, se fundamentó en la necesidad de enfrentar una crisis de seguridad interna alimentada durante décadas por la violencia ejercida por maras y pandillas.
Desde entonces, este régimen ha sido prorrogado sucesivamente en más de 15 ocasiones y ha resultado en la detención de más de 71,000 personas. Organizaciones civiles y familiares de personas detenidas han alzado sus voces, denunciando más de 6,400 casos de abusos y graves violaciones a los derechos humanos. Además, se han documentado más de 174 fallecimientos de estas personas bajo custodia estatal. Se han denunciado tortura, arbitrariedad y sufrimiento, incluso en situaciones que involucran a individuos sin vínculos a estas agrupaciones violentas.
El régimen de excepción vino acompañado de una serie de reformas a las leyes penales, las cuales fueron aprobadas con rapidez pocos días después de su implementación. Estas reformas han endurecido penas, reducido o eliminado garantías básicas del proceso penal y, en conjunto, han creado un marco jurídico que puede colocar a las personas detenidas en una posición de indefensión casi absoluta frente al abuso del poder punitivo del Estado.
Así surge (IN)DEBIDO PROCESO, una serie que examina estas reformas desde una perspectiva técnica, a partir de las obligaciones internacionales que el Estado salvadoreño ha aceptado respecto a la presunción de inocencia, la libertad personal, el acceso a la justicia y las garantías judiciales. A través de cuatro informes de análisis, exponemos la incompatibilidad de estas reformas legales con el Derecho Internacional y destacamos los profundos impactos que pueden tener sobre los derechos de las personas. Esta colección también proporciona a los jueces y juezas salvadoreñas elementos jurídicos que les permitan tomar decisiones alineadas con la protección de los derechos humanos y la libertad.
En el marco del régimen de excepción, la detención provisional ahora se dicta sin justificación, con una duración indefinida y sin posibilidad de ser modificada por otras medidas menos lesivas, contraviniendo estándares internacionales. Cuando una detención provisional no cumple con los requisitos contenidos en el derecho internacional de los derechos humanos y en el derecho interno, viola el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.
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Las reformas a las leyes penales sustantivas permiten el aumento de las penas de delitos existentes cuando son cometidos por miembros de agrupaciones ilícitas, incluso duplicándolas. También introducen nuevos delitos, endureciendo el castigo en general. Sin embargo, en algunos casos, estas reformas criminalizan la libertad de expresión, vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes, o afectan el principio de proporcionalidad de las penas.
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Las reformas reservan la identidad de jueces y juezas y del personal judicial para ciertos casos. La introducción de la figura de "jueces sin rostro” compromete elementos fundamentales como el debido proceso, la independencia e imparcialidad judicial y el principio de publicidad. Sumado a esto, se crearon nuevos juzgados para casos de intervención de telecomunicaciones, así como tribunales contra el crimen organizado, pero se desconoce el proceso y los criterios para designar a quienes los integran, vulnerando la garantía de juez independiente e imparcial.
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Las reformas han modificado el andamiaje procesal penal del país para facilitar la aplicación del régimen de excepción. La aplicación de dichas reformas vulnera los derechos al debido proceso, a la defensa y a la presunción de miles de personas que se enfrenta diariamente al sistema penal salvadoreño. Asimismo, junto con las reformas se ha introducido prácticas violatorias también de los derechos humanos relacionados con el debido proceso.
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Con el propósito de aportar al entendimiento y abordaje de las desapariciones forzadas de corta duración, presentamos ante el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e involuntarias un documento técnico como a contribución para la próxima declaración conjunta que estos mecanismos internacionales
