El Salvador: Riesgo de ruptura democrática ante reformas al sistema de justicia

September 2, 2021
  • Mediante reformas introducidas y aprobadas sin estudio ni debate, Asamblea Legislativa dispone el cese inmediato de jueces, magistrados de cámara y fiscales mayores de 60 años que gozaban de inamovilidad en sus cargos. 
  • Reformas afectan al menos 156 integrantes de la carrera judicial, incluyendo al juez del caso de la Masacre de El Mozote.

Durante la sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador realizada el martes 30 de agosto, diputados oficialistas de la bancada de Nuevas Ideas introdujeron en la agenda parlamentaria sucesivas iniciativas para modificar la Ley de Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Horas después, sin estudio previo ni debate, fueron aprobadas con el voto de la mayoría oficialista, quienes —durante la sesión y posteriormente en sus redes sociales— afirmaron su voluntad de “depurar” el sistema de justicia. 

Las reformas aprobadas violan garantías básicas derivadas del principio de independencia judicial y de autonomía fiscal, al disponer el inmediato cese en el cargo de jueces/zas, magistrados/das y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, cuyos mandatos no estaban sujetos a límite temporal y que gozaban de la garantía de inamovilidad. Según las nuevas normas, quienes han sido cesados/as pasan a un “régimen de disponibilidad” en el cual, por decisión de la Corte Suprema o del Fiscal General, podrían continuar ocupando sus cargos por fuera del régimen de carrera.

Desde DPLF, rechazamos enérgicamente la separación masiva de operadores de justicia perpetrada por órgano legislativo, que no solo vulnera su estabilidad en el cargo —componente fundamental del principio de independencia judicial— sino también la garantía de los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador a ser oídos por jueces nombrados con arreglo a procedimientos previamente establecidos reconocida en los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el estado salvadoreño.

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