El 1 de noviembre de 2012, DPLF y otras organizaciones que integran la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio en América Latina, denunciaron el elevado número de personas que permanecen detenidas sin condena en la mayoría de los países de América Latina, como consecuencia de la aplicación excesiva y automática de la prisión preventiva. También informaron sobre las especiales consecuencias que esta situación genera para los pueblos indígenas, las mujeres y los adolescentes infractores.
Se han detectado como las principales causas de esta problemática regional: la prolongada duración de los procesos penales; el impulso de políticas de seguridad de “mano dura”, las reformas penales y procesales que aumentan las penas y los catálogos de delitos no excarcelables y la falta de independencia judicial. Esta carencia lleva a fiscales y jueces a optar por la prisión preventiva en lugar de otras medidas alternativas, sin que sus decisiones se funden en el peligro de fuga o en la posibilidad de que la persona imputada obstaculice la justicia (que son los criterios esenciales y propios de la naturaleza cautelar de la prisión preventiva, previstos en la mayoría de legislaciones) sino mas bien en el temor a ser procesados disciplinariamente o a ser objeto de la crítica de los medios de comunicación.
DPLF insistió en la necesidad de resguardar la independencia de los funcionarios judiciales ante las injerencias internas y externas, que buscan limitar indebidamente la libertad de las personas procesadas por un delito, evitando el uso de los mecanismos disciplinarios como herramientas de presión y generando políticas judiciales que permitan la toma de decisiones judiciales imparciales y respetuosas de la legalidad y de los estándares internacionales.
En la audiencia se presentó un informe que describe la situación en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, y contiene propuestas dirigidas a los gobiernos sobre las maneras de enfrentar este flagelo que afecta severamente los derechos humanos de las personas sometidas a procesos penales. La CIDH expresó su interés en el tema y senhaló que la información aportada constituye un valioso insumo para el informe temático sobre prisión preventiva que actualmente tiene a cargo la Relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad.
En los próximos meses DPLF publicará una investigación sobre el impacto de la falta de independencia judicial en las decisiones sobre prisión preventiva en América del Sur.