En el 2008, entró en vigor una reforma constitucional en México en materia de justicia penal y seguridad pública. Ésa estableció que en el 2016, todos los estados de la republica mexicana tienen que haber implementado un sistema procesal penal oral de corte acusatorio. En los últimos años, varios estados han dado pasos importantes en la implementación de ese sistema.
DPLF se ha dedicado a brindar capacitaciones y asistencia técnica en materia de derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero y Oaxaca. Así, en el 2012, publicamos La protección de los derechos de los Pueblos indígenas a través de un nuevo sistema de justicia penal sobre cómo se puede utilizar la implementación de ese nuevo sistema para mejorar el respeto para los derechos de los pueblos indígenas.
A finales de diciembre de 2012, el presidente Peña Nieto anunció que se iba a elaborar un código procesal penal único para todos los estados mexicanos. Para asegurar el debido respeto para los derechos de los pueblos indígenas sometidos a un proceso penal en ese código, DPLF presentó una propuesta para la incorporación de artículos a ese efecto a la Comisión de Justicia del Senado de la República.
El día 2 de octubre de 2013, la propuesta de la Comisión de Justicia fue presentada ante el Senado mexicano, en que varios elementos de los artículos que DPLF había propuesto fueron incorporados. También fueron presentadas dos propuestas elaboradas por varios senadores de la república. Estas propuestas se pueden acceder aquí. Serán discutidas en los próximos meses en el senado mexicano.