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Las organizaciones de sociedad civil, académicos/as, defensores/as de derechos humanos y personas que suscriben la presente declaración, reunidas en el seminario internacional “Libre determinación, desarrollo sostenible y agua en la península de Yucatán” que tuvo lugar en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 24 y 25 de octubre del 2022, afirmamos lo siguiente:
- La península de Yucatán cuenta con bienes naturales indispensables para la vida, como la gran reserva de agua dulce del acuífero maya y los cenotes. Este y otros bienes naturales han sido gestionados y protegidos por comunidades mayas, siendo la relación armónica con la Naturaleza un componente esencial de sus culturas y modos de vida.
- Estos bienes naturales vienen siendo seriamente amenazados por la contaminación que generan los monocultivos, los agrotóxicos, la ganadería industrial, las grandes inversiones turísticas, inmobiliarias, los megaproyectos energéticos o de infraestructura vial.
- Ante ello, las comunidades mayas están defendiendo sus territorios y las fuentes de agua dulce en ejercicio de su derecho fundamental a la libre determinación, reconocido tanto por la Constitución Federal como por los tratados de derechos humanos ratificados por México.
- En ese marco, diversas organizaciones de la sociedad civil hacen uso de recursos administrativos o judiciales previstos en la ley y ejercen sus derechos fundamentales de acceso a la información, libre asociación y libertad de expresión, en defensa del legítimo interés de las comunidades mayas de que sus territorios ancestrales y bienes naturales estén libres de contaminación.
- Respaldamos a estas comunidades y organizaciones, y condenamos la estigmatización, amenazas y agresiones de las que son víctimas. Las comunidades mayas y las organizaciones que las acompañan buscan un desarrollo armónico con la Naturaleza, en el que la tierra y el agua son “bienes comunes” que hay que preservar para las futuras generaciones.
Por tanto:
- Recordamos a las autoridades mexicanas, de todos los niveles de gobierno, que tienen la obligación constitucional e internacional de proteger a los defensores y defensoras territoriales, respetar su labor en la defensa de los derechos humanos y abstenerse de actos que pongan en riesgo su vida y derechos fundamentales. Una muestra de ello es que en el 2021 México ratificó el Acuerdo de Escazú.
- Solicitamos a los organismos internacionales de derechos humanos, en especial a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a los Relatores de Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que garanticen el cumplimiento, por parte del Estado mexicano, de sus obligaciones internacionales con relación a la protección de los defensores y defensoras territoriales.
Firmantes:
- Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)
- Consejo Regional Indígena y Popular de X´pujil (CRIPX)
- Flor y Canto de Oaxaca
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés)
- Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú
- Observatorio de Protocolos Comunitarios Autonómicos de Consulta y Consentimiento Libre Previo e Informado de Brasil
- Servicios para el Pueblo Mixe de Oaxaca (SERmixe)
- Tequio Jurídico de Oaxaca
- Alejandro Sandoval (Oaxaca, México)
- Jorge Fernández (Mérida, México)
- Lourdes Medina Carrillo (Mérida, México)
- Marcela Torres (CDMX, México)
- Mariana Yumbay (Quito, Ecuador)
- Miguel Barboza López (Lima, Perú)
- Pablo Monroy Gómez (Mérida, México)
- Rodrigo Llanes (Mérida, México)
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