La Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES) – de la cual DPLF forma parte-, el Grupo Gestor para la Ley de Reparación Integral de Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro–Memoria Histórica dirigimos u
En una comunicación dirigida al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria (GTDA) de las Naciones Unidas
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos y delitos de gran corrupción. Dos de los casos por los que el exmandatario fue condenado son Barrios Altos y La Cantuta, que cuentan con sentencias de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tras 12 años de enfrentamiento bélico en El Salvador, en 1992, el país puso fin a un prolongado conflicto armado, por la vía del diálogo y la negociación.
La desaparición forzada de personas es una violación grave de derechos humanos que, según instrumentos internacionales, puede ser perpetrada por agentes del Estado o por actores no estatales que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
La discriminación por género conlleva la violación de derechos de las mujeres y niñas, afectando también a hombres y niños que no encajan en los modelos dominantes de lo que se considera la masculinidad; de la misma forma, a personas que son rechazadas por su expresión o identidad de género.
Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele se ha experimentado un evidente deterioro del ejercicio de la libertad de prensa en El Salvador, el cual afecta especialmente a las mujeres periodistas.
Las desapariciones forzadas y otras formas de desapariciones en América Latina fueron un rasgo de las dictaduras militares y conflictos armados en décadas pasadas y hoy siguen ocurriendo en contextos de alta criminalidad. A pesar de la persistencia del problema, no se puede desconocer que la lucha contra la desaparición forzada ha evolucionado positivamente en los últimos 30 años.
Los mecanismos de justicia transicional no siempre han registrado apropiadamente las experiencias relevantes de los pueblos indígenas; como, por ejemplo, sus estrategias para afrontar la violencia y la opresión. En consecuencia, la mayoría de mecanismos implementados no han vinculado adecuadamente las violaciones del pasado con la continuidad de la marginalización en el presente.
La superación de los períodos autoritarios y conflictos armados en las sociedades latinoamericanas imponen la responsabilidad estatal de resolver el legado de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en estos contextos. No obstante, luego de varias décadas, muchos de estos casos todavía siguen en la impunidad.
