Roles y responsabilidades del sector privado en procesos de justicia transicional: los casos de Argentina, Guatemala y Colombia

09 de agosto 2021

Durante la segunda mitad del siglo XX, varias sociedades latinoamericanas atravesaron periodos de represión brutal masiva y conflicto armado internos que dejaron a su paso un legado de violaciones masivas de derechos humanos y el severo debilitamiento de las instituciones democráticas. Por décadas, generaciones de defensoras y defensores de la democracia y de los derechos humanos han tratado de reconstruir los sistemas e instituciones políticas en esos países, así como enfrentar el legado de victimización y responder a las necesidades de las víctimas.

Aunque los esfuerzos para enfrentar ese pasado siguen activos en la región, los patrones de autoritarismo y represión han demostrado ser poderosos, resilientes y peligrosos. El proceso de esclarecimiento no ha sido completado y cada día trae consigo nuevas piezas de un complejo rompecabezas; no obstante, la relación entre élites económicas, represión y conflicto ha sido una constante en los hallazgos de mecanismos de justicia transicional en la región. Cabe destacar que en la mayoría de los países de América Latina que se han sometido a algún tipo de proceso de justicia transicional, la rendición de cuentas del sector privado ha sido limitada. 

Roles y responsabilidades del sector privado en procesos de justicia transicional: los casos de Argentina, Guatemala y Colombia ofrece una descripción general de la complicidad empresarial en la perpetración de graves violaciones de derechos humanos durante algunos de los periodos más notables de represión y conflicto en esos países, y analiza cómo la participación del sector privado ha sido abordada por los mecanismos de justicia transicional. Este informe presenta las lecciones aprendidas de los esfuerzos en curso para promover la rendición de cuentas y considera los obstáculos que persisten. Además, brinda recomendaciones para futuras investigaciones, para los gobiernos y los mecanismos oficiales de justicia transicional, para las víctimas y la sociedad civil, y para el sector privado.

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