Frente a la insistencia del Congreso de la República del Perú de remover a todos o algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) mediante una sesión plenaria programada para hoy jueves 7 de marzo de 2024, las organizaciones internacionales de derechos humanos suscritas alertamos a la comunidad internacional acerca de las graves consecuencias de esta iniciativa para la integridad del sistema electoral peruano y para la independencia del sistema de justicia.
La JNJ es un órgano central para la protección de la independencia del sistema electoral en el Perú. Designa, evalúa y ratifica a los titulares de dos de las tres entidades que lo conforman: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a cargo de organizar el proceso electoral, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), encargada de emitir el padrón electoral. Actualmente, la JNJ viene tramitando el procedimiento para la ratificación de estas autoridades, que se vería interrumpido si sus miembros son removidos.
La JNJ es también el órgano central que garantiza la independencia del sistema de justicia. Nombra, evalúa, ratifica y destituye a los jueces y fiscales de todos los niveles, incluyendo a los miembros de la Corte Suprema y de la Junta de Fiscales Supremos. Es por eso que también tiene competencia sobre los jueces y fiscales que integran el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, la tercera pieza del sistema electoral peruano. La remoción de los miembros de la JNJ afectaría la independencia de los jueces y fiscales que tramitan casos de corrupción que involucran a integrantes de la clase política peruana, incluyendo a miembros del actual Congreso.
Nuestras organizaciones vienen siguiendo los continuos ataques de gran parte del Congreso peruano dirigidos a la Junta Nacional de Justicia, que incluyen acusaciones constitucionales y mociones para remover a sus miembros mediante procesos sumarios no regulados en la ley. También incluyen iniciativas legislativas para reducir el número de votos necesarios para destituir a sus miembros o modificar su edad de jubilación. Estos ataques reiterados han sido rechazados en más de una oportunidad por todos los sistemas de protección internacional de derechos humanos que monitorean la situación del Perú.
Alertamos nuevamente sobre los riesgos de estos ataques, que revelan la profundidad del deterioro democrático en el país. Exhortamos al Congreso de la República del Perú a detener esos ataques y a los demás poderes públicos a manifestar su rechazo frente a estas actuaciones severamente dañinas para la democracia peruana, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país.
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