Primer año del Fiscal General en México concluye con pocos avances en la lucha contra la impunidad

January 21, 2020

Foto: FGR México

Pronunciamiento conjunto

  • Poca transparencia, nombramientos sin convocatorias públicas, cierre de espacios de participación de sociedad civil, marcan el primer año de su gestión.
  • Preocupan anuncios de reformas legislativas que podrían generar graves retrocesos y la consolidación de la impunidad.

Este 18 de enero se cumplió un año desde el nombramiento de Alejandro Gertz Manero como primer Fiscal General de la República (FGR) en México. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron un balance de su gestión, documentando el incumplimiento de aspectos esenciales de su legislación orgánica. Falta de transparencia y rendición de cuentas, designación de fiscales especializados de forma directa y sin convocar a los concursos públicos exigidos en la ley, cierre de espacios de participación ciudadana, y ausencia de un plan para el manejo estratégico de la institución, son algunos de los aspectos que habrían caracterizado a la FGR bajo el liderazgo de Gertz.

El informe titulado “¿1 año de justicia y autonomía de la FGR? Balance ciudadano a 1 año de gestión del Fiscal General de la República”, evidencia que aún existen enormes desafíos para una transición hacia una institución verdaderamente autónoma, con la capacidad de ejercer sus funciones de investigación y persecución criminal de forma eficaz e independiente del poder político, y con ello, de brindar una respuesta estatal que enfrente la criminalidad y las altas tasas de impunidad en el país.

La Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República aprobada en 2018, pretendió transformar el diseño institucional y el modelo de investigación de la antigua Procuraduría General de la República (PGR) para convertirla en una institución independiente y estratégica. A través de un cambio hacia un modelo de investigación flexible y basado en evidencia, mecanismos de control y rendición de cuentas, y espacios de participación ciudadana, la nueva Fiscalía parecía acercar la promesa de justicia a millones de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por los hallazgos reportados por la sociedad civil mexicana, y por el anuncio por parte del Fiscal General ante el Senado, de diversas iniciativas para reformar aspectos nodales del sistema de justicia criminal, incluyendo la legislación orgánica de la nueva fiscalía, la cual fue el resultado de un esfuerzo sin precedentes por parte de la sociedad civil mexicana y de su trabajo conjunto con las autoridades de la actual administración. Una reforma de esta importancia no debe realizarse sin la participación de la sociedad civil, y podría resultar en un grave retroceso que consolide la impunidad en el país.

 

Organizaciones Firmantes:
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Robert F. Kennedy Human Rights
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Latinoamericanos (LAWG)
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura – Francia (ACAT-France)