Las organizaciones de la sociedad civil y las personas que suscriben este pronunciamiento, expresamos nuestro más firme rechazo a la detención arbitraria y la desaparición forzada por más de 60 horas de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, por parte de agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar [DGCIM] y el Servicio Bolivariano de Inteligencia [SEBIN]. La abogada San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y especialista en temas militares y de seguridad nacional, fue abordada por funcionarios del DGCIM y el SEBIN y detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar cuando se disponía a viajar el día 09 de febrero de 2024 en compañía de su hija. Transcurrieron 2 días sin que sus familiares, abogados y la sociedad en su conjunto tuviera conocimiento de su paradero, integridad y vida convirtiéndose en un hecho público y notorio su desaparición forzada. A las 5pm del 11 de febrero, el titular del Ministerio Público Tarek William Saab reconoció, a través de su cuenta de X, la detención de la defensora, alegando una supuesta orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada a tramas conspirativas. Sin embargo, se desconoce aún su paradero, el cuerpo de seguridad a cargo, ni se ha podido constatar su estado de salud física e integridad.
Urge recordar que la desaparición forzada es el desconocimiento por la negativa de agentes y autoridades del Estado de informar sobre el paradero de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, el cuerpo de seguridad a cargo, su estado de salud física, integridad y vida. El patrón sistemático de desaparición forzada temporal en Venezuela ha sido documentado por órganos de Naciones Unidas y denunciado ante el Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Las prácticas de desaparición constituyen una forma de desprotección ante la ley, que genera repercusiones individuales y sociales gravísimas, considerándose tratos crueles, inhumanos y degradantes. A su vez, tal como ha sido documentado, en Venezuela las desapariciones tienen temporalidades de extrema vulnerabilidad para las víctimas, proclives a la tortura para la obtención de declaraciones contra sí mismas, además de representar violaciones gravísimas a los derechos humanos, contrarias a los compromisos del Estado con estándares internacionales y a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este gravísimo hecho contra Rocío San Miguel viola disposiciones internacionales contra la desaparición forzada, así como el deber de los Estados de no practicarla, permitirla ni tolerarla.
La defensora Rocío San Miguel se ha destacado por la labor que durante más de una década ha desarrollado desde la ONG Control Ciudadano en la investigación, monitoreo y evaluación de temas de seguridad y defensa nacional y sobre las fuerzas armadas. Realiza seguimiento y supervisión de los compromisos del Estado venezolano con el Estatuto de Roma, publicando informes que se han difundido ampliamente por sus redes sociales en el país y en instancias internacionales. Sus actividades son públicas, con una intensa participación en foros y eventos nacionales e internacionales de alto nivel sobre las temáticas de su competencia. Esta detención arbitraria, siendo Rocío San Miguel una destacada profesora universitaria, también vulnera la libertad académica y los Principios Interamericanos de Libertad Académica de la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Su solvencia y experticia sobre todo en el ámbito militar la ha convertido en la mujer defensora de derechos humanos con más ataques, criminalización, acoso, persecución y hostigamiento por parte de altos funcionarios estatales y organismos de seguridad del Estado venezolano, llegando a recibir junto con su familia amenazas contra su vida e integridad en distintas oportunidades, por lo cual es beneficiaria de medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde enero del año 2012.
Contrario al cumplimiento de protección, por más de una década, la defensora ha sido difamada y criminalizada por supuestas conspiraciones de las que nunca ha sido parte. El propio Presidente Nicolás Maduro la acusó de estar involucrada en un intento de golpe de Estado en el año 2014, y casi semanalmente ha sido difamada, sumando decenas de acusaciones en el programa con el mazo dando, del diputado Diosdado Cabello en televisión nacional. Rocío San Miguel ha demostrado por décadas su intachable compromiso con los derechos humanos, promoviendo acciones democráticas, siempre en el marco de la normativa legal interna y los estándares en derechos humanos. Un ejemplo de ello fue su denuncia contra la discriminación política en Venezuela a partir del uso de la Lista de Tascón, llevando el caso al Sistema Interamericano de Protección, obteniendo sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentando así un precedente de protección para decenas de personas afectadas en sus derechos fundamentales.
La detención de la que es víctima Rocío San Miguel se enmarca en las políticas del gobierno venezolano de criminalización y persecución de la labor de promoción y defensa de los derechos humanos y de cierre del espacio cívico en Venezuela, ambas políticas basadas en la consideración del rol de activistas sociales y defensores de derechos humanos como "enemigos internos" y de participar en supuestas conspiraciones e intentos de "magnicidios". Constituye asimismo una expresión de las continuas violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país y la profundización del patrón de detenciones arbitrarias, seguidas de incomunicación, como mecanismo para reprimir, amedrentar e intentar silenciar las voces de quienes dicen la verdad de lo que sucede en Venezuela. Recientemente desde el Ministerio Público se acusó con similares señalamientos a la periodista Sebastiana Barráez y a la defensora de derechos humanos, Tamara Sujú, sin que se presentaran ningún tipo de pruebas ni evidencias consistentes.
Queremos avalar públicamente la transparente trayectoria de la abogada Rocío San Miguel en sus roles de estudio, promoción y defensa de los derechos de la población a la defensa y la soberanía nacional. Nada de lo que hace la ONG Control Ciudadano y Rocío San Miguel en su presidencia, constituye delito, puesto que toda su labor y los resultados de la misma están a la vista. Esta privación arbitraria de la libertad de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, se suma a la de Javier Tarazona quién pronto cumplirá 32 meses detenido en circunstancias muy similares, y práctica a la que están expuestos todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Venezuela, que no debe tolerarse más.
En virtud de tales consideraciones:
- Exigimos el respeto a la integridad física y psicológica de Rocío San Miguel y la de toda su familia, y su inmediata liberación.
- Exigimos a las distintas instancias de las Naciones Unidas y de todo el Sistema Internacional de Derechos Humanos, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pronunciarse firmemente por la liberación inmediata de Rocío San Miguel.
- Exhortamos a los gobiernos democráticos y organizaciones cívicas del mundo, a denunciar esta inaceptable y grave conducta y a solidarizarse con la liberación inmediata de Rocío San Miguel.
Descarga el comunicado conjunto aquí.