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Las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones regionales, locales y legislativas de 2025, presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, así como para la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional. La crisis actual alcanzó dimensiones críticas frente a la carencia de legitimidad ante la mirada de actores tanto nacionales como internacionales de las elecciones de 2018. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad para un cambio significativo de dirección. La comunidad internacional debe exigir a Venezuela que asegure la implementación de estándares electorales mínimos que permitan garantizar el derecho a la participación política y elecciones libres y justas.
Las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones regionales, locales y legislativas de 2025, presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, así como para la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional. La crisis actual alcanzó dimensiones críticas frente a la carencia de legitimidad ante la mirada de actores tanto nacionales como internacionales de las elecciones de 2018. Las próximas elecciones ofrecen una oportunidad para un cambio significativo de dirección. La comunidad internacional debe exigir a Venezuela que asegure la implementación de estándares electorales mínimos que permitan garantizar el derecho a la participación política y elecciones libres y justas.
Las organizaciones de sociedad civil firmantes nos encontramos sumamente preocupadas por los recientes acontecimientos que representan una amenaza a la legitimidad de los próximos procesos electorales.
- Primero, el 15 de junio, seis miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) renunciaron a sus cargos sin dar una explicación clara. La Asamblea Nacional, dominada por el partido del presidente Maduro, aceptó estas renuncias, así como otras dos anunciadas posteriormente. Ese mismo día, la Asamblea Nacional adoptó los pasos iniciales para el nombramiento de un nuevo CNE al crear una comisión integrada completamente por miembros del partido oficial. La naturaleza irregular de la renuncia de los principales miembros del CNE y su aceptación inmediata por parte de la Asamblea Nacional es alarmante. Si bien es cierto que la Ley Orgánica del Poder Electoral en Venezuela permite a miembros del CNE renunciar, la salida casi simultánea de la mayoría de los miembros produce preocupación sobre presiones políticas, resultando en el efectivo desmantelamiento de lo que debería ser una institución autónoma. Estas acciones socavan la confianza y certidumbre de las personas de Venezuela en sus instituciones y en el proceso electoral en sí mismo. Un CNE imparcial y completamente funcional es fundamental para asegurar la legitimidad de las próximas elecciones.
Durante décadas el CNE ha estado profundamente influenciado por autoridades progobierno, pero se había convertido en una institución ligeramente más balanceada en 2021, con el nombramiento de dos miembros de la oposición. Esto permitió llegar a un acuerdo que hizo posible la entrada al país de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) ese año. El CNE es responsable por la regulación, dirección y supervisión de la totalidad del proceso electoral, así como por garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales atribuidos a la rama del poder electoral.
- Segundo, nos preocupa la continua inhabilitación electoral arbitraria de candidatos de la oposición por medio de procedimientos administrativos. La reciente inhabilitación por 15 años de la candidata de oposición María Corina Machado, así como inhabilitaciones previas de figuras prominentes de la oposición como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, restringen severamente el derecho de las personas venezolanas a elegir a sus representantes. Estas inhabilitaciones socavan los principios de la democracia y el derecho a la participación política, y obstaculizan la inclusividad y justicia del proceso electoral.
- Adicionalmente, los déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela. La falta de separación de poderes, la inhabilitación política de candidatos, las dificultades en la actualización del Registro Electoral que debería estar permanentemente habilitado para todos los potenciales electores, el limitado acceso a información clara y oportuna, y la ausencia de garantías para la libertad de expresión, fueron condiciones destacadas por la misión de la UE en 2021. La UE emitió 23 recomendaciones, que fueron luego resaltadas durante la cumbre convocada por el gobierno de Colombia en abril de 2023. Sin embargo, a la fecha nada o muy poco se ha logrado en la implementación de estas reformas.
Estos hechos recientes ya tienen consecuencias tangibles. Debido a las preocupaciones sobre la imparcialidad y designación oportuna de los miembros de un nuevo CNE, la Comisión Nacional de Primarias (CNP), un órgano encargado de organizar las elecciones primarias de la oposición, ha decidido organizar de forma independiente las elecciones primarias, sin el apoyo técnico del CNE. Estas primarias, que tienen como objetivo escoger un candidato único entre los partidos políticos de la oposición, representan un proceso cívico crucial.
Naciones Unidas reconoce que “elecciones genuinas son aquellas que revelan y dan efecto a la voluntad libremente expresada del pueblo”. Por tal motivo, las elecciones deben adherirse al Estado de Derecho y ser libres de toda presión ejercida por el partido oficial o por otros actores. La ruta electoral que conduce a las próximas elecciones no debe ser una mera formalidad, sino un proceso genuino que reconozca que la participación política conlleva a mucho más que solo el derecho a votar.
Venezuela tiene una obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar a los individuos una oportunidad efectiva de ejercer sus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), incluyendo el derecho a hacer parte de la conducción de los asuntos públicos por medio de la participación política. Este derecho requiere condiciones genuinas y la garantía de otras libertades fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, el derecho de reunión y libre asociación. La existencia de la democracia en sí misma, un sistema basado en la participación política, es esencial para la completa protección y garantía de otros derechos humanos.
La comunidad internacional y otros actores no deben aceptar menos y deben exigir a Venezuela cumplir con estándares electorales mínimos que garanticen el derecho a la participación política y elecciones libres y justas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que las autoridades venezolanas no deben utilizar procedimientos administrativos para impedir que candidatos puedan postularse a cargos públicos. En ese sentido, celebramos los pronunciamientos emitidos por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por la Unión Europea expresando su preocupación por las recientes decisiones que socavan aún más la posibilidad de elecciones libres y justas.
Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales y garantizar a su pueblo el derecho a la participación política. Todas las personas venezolanas, sin importar si residen en el país o en el extranjero, tienen el derecho a participar en asuntos públicos y a ejercer su derecho de tomar libremente decisiones pacíficas e independientes sobre el futuro de su país.
Firmas:
Oficina de Washington para América Latina (WOLA)
Global Center for the Responsibility to Protect
Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Comisión Internacional de Juristas (ICJ)
Human Rights Watch (HRW)
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