Las organizaciones Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) han presentado un amicus curiae ante la Corte Constitucional de Colombia en el marco de una acción de inconstitucionalidad contra el inciso segundo del artículo 57 de la Ley 99 de 1993, que establece los lineamientos para los Estudios de Impacto Ambiental en Colombia.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada por Ilex y Dejusticia, solicitando que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) incluyan una evaluación de los impactos generados por proyectos, obras o actividades estatales o privadas autorizadas por el Estado en los derechos humanos y en el cambio climático.
El escrito aborda los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la relación entre cambio climático y derechos humanos, el derecho a un medio ambiente sano, el deber de la debida diligencia e inclusión de un análisis sobre riesgos para el cambio climático en los EIA y el principio de prevención y precaución en materia ambiental. Además, resume pronunciamientos recientes de órganos del Sistema Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como jurisprudencia comparada de Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Chile y Perú.
Estas fuentes arrojan elementos jurídicos relevantes para que la Corte de Constitucionalidad colombiana establezca que los EIA deben incluir una evaluación de los impactos en el cambio climático asociados a la actividad que se busca concesionar, sobre todo cuando presenta un impacto ambiental significativo. Análisis de especial relevancia en el actual contexto de emergencia climática, en el que diversos grupos de expertos vienen señalando que nos encontramos cerca de un punto de no retorno en donde, de no haber cambios sustantivos, no pasar la barrera de 2° Celsius de incremento de temperatura media global será cada vez más improbable.
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