El 3 de octubre de 2022, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) presentó un escrito de amicus curiae ante el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián, San Vicente, El Salvador, en el proceso penal 69/1992 —conocido como “Masacre de El Calabozo”— con el objetivo de proporcionar argumentos jurídicos sobre por qué los hechos ocurridos en esta comunidad configuran graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales (crímenes de lesa humanidad y de guerra), y la necesidad de tomar en cuenta estas categorías de derecho internacional en el ámbito interno.
Este escrito presenta algunas consideraciones sobre el principio de legalidad en el ámbito penal y el derecho internacional como ley previa para crímenes internacionales, así como las teorías de intervención criminal punible por medio de los cuales responsabilizar a los intervinientes en la comisión de crímenes de esta clase, entre las que se destaca la responsabilidad superior y el dominio de la voluntad en los aparatos de poder organizado.
La masacre de El Calabozo se refiere a una serie de matanzas contra pobladores rurales, cometidas por los Batallones de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atlacatl, Ramón Belloso, Atonal y los Batallones Lempa y Jerez en conjunto con el Destacamento Militar de Infantería No. 2 y la Quinta Brigada de Infantería con sede en San Vicente durante el operativo militar denominado “Teniente Coronel Mario Azenón Palma”, realizado desde el 17 de agosto de 1982 en los cantones de San Jacinto La Burrera, Cedros de San Pedro, El Carao, El Chilillo, Ayalitas, La Angostura, San José y otros cantones de la jurisdicción de San Esteban Catarina, departamento de San Vicente.
Finalmente, el 22 de agosto, un grupo de al menos 200 personas sobrevivientes que se refugiaron en el lugar conocido como El Calabozo, cerca de las riberas del río Amatitán, fueron sorprendidos y ametrallados por varias fuerzas militares. Los cuerpos de las personas asesinadas fueron amontonados y quemados, otros fueron arrastrados por la corriente del río.
De acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, la masacre de El Calabozo fue una seria violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.
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