Tras 12 años de enfrentamiento bélico en El Salvador, en 1992, el país puso fin a un prolongado conflicto armado, por la vía del diálogo y la negociación.
La desaparición forzada de personas es una violación grave de derechos humanos que, según instrumentos internacionales, puede ser perpetrada por agentes del Estado o por actores no estatales que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
La discriminación por género conlleva la violación de derechos de las mujeres y niñas, afectando también a hombres y niños que no encajan en los modelos dominantes de lo que se considera la masculinidad; de la misma forma, a personas que son rechazadas por su expresión o identidad de género.
Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele se ha experimentado un evidente deterioro del ejercicio de la libertad de prensa en El Salvador, el cual afecta especialmente a las mujeres periodistas.
Las desapariciones forzadas y otras formas de desapariciones en América Latina fueron un rasgo de las dictaduras militares y conflictos armados en décadas pasadas y hoy siguen ocurriendo en contextos de alta criminalidad. A pesar de la persistencia del problema, no se puede desconocer que la lucha contra la desaparición forzada ha evolucionado positivamente en los últimos 30 años.
Los mecanismos de justicia transicional no siempre han registrado apropiadamente las experiencias relevantes de los pueblos indígenas; como, por ejemplo, sus estrategias para afrontar la violencia y la opresión. En consecuencia, la mayoría de mecanismos implementados no han vinculado adecuadamente las violaciones del pasado con la continuidad de la marginalización en el presente.
La superación de los períodos autoritarios y conflictos armados en las sociedades latinoamericanas imponen la responsabilidad estatal de resolver el legado de graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales cometidos en estos contextos. No obstante, luego de varias décadas, muchos de estos casos todavía siguen en la impunidad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha conocido, desde sus primeras sentencias, casos en los que alguna o algunas de las víctimas de desaparición forzada han sido mujeres; y, aunque estas decisiones en las cuales se ha aplicado un abordaje diferenciado de género son aún escasas, los estándares producidos son un insumo relevante para orientar las actividades de los Estados ante las desapariciones.
En una comunicación dirigida al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), junto a 16 organizaciones defensoras de derechos humanos y asociaciones de víctimas en El Salvador, abordamos la problemática de desaparición forzada de personas durante el conflicto armado en ese país (1980-1992) y las desapariciones actuales ocurridas en el marco de la criminalidad y las políticas de seguridad c
La Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada en mayo de 2019, forma parte del marco jurídico de la Guardia Nacional y de las fuerzas armadas que participan en tareas de seguridad en México.
Durante la segunda mitad del siglo XX, varias sociedades latinoamericanas atravesaron periodos de represión brutal masiva y conflicto armado internos que dejaron a su paso un legado de violaciones masivas de derechos humanos y el severo debilitamiento de las instituciones democráticas.
