Hace poco más de 40 años el caserío de El Mozote y sus alrededores fue escenario de una masacre sin precedentes. Era diciembre de 1981 cuando, en esa comunidad al nororiente de El Salvador, casi 1000 personas fueron ejecutadas por militares en la peor matanza de civiles que vivió ese país durante el conflicto armado (1980-1992). Más de la mitad eran niñas y niños.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas realizó una evaluación al Estado de El Salvador, el pasado 19 de julio de 2022, sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por ese mecanismo internacional.
El fortalecimiento de la justicia fue un elemento central de la construcción de la paz en El Salvador tras el conflicto armado. Sin embargo, desde inicios de 2019, la justicia salvadoreña ha sufrido ataques constantes a su independencia desde el poder político; que, por su gravedad, han llegado a afectar el principio democrático.
El expresidente del Perú, Alberto Fujimori, fue condenado a 25 años de prisión por graves violaciones de derechos humanos y delitos de gran corrupción. Dos de los casos por los que el exmandatario fue condenado son Barrios Altos y La Cantuta, que cuentan con sentencias de fondo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Tras casi un año de iniciada su labor, a comienzos de julio de 2021, el Panel Independiente de Personas Expertas conformado para monitorear el proceso de selección del próximo Fiscal o Fiscala General de Costa Rica, presentó su informe final ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que reunida en Corte Plena deberá elegir próximamente a quien ocupara la máxima jefatura del Ministerio Público.
Tras casi un año de iniciada su labor, a comienzos de julio de 2021, el Panel Independiente de Personas Expertas conformado para monitorear el proceso de selección del próximo Fiscal o Fiscala General de Costa Rica, presentó su informe final ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que reunida en Corte Plena deberá elegir próximamente a quien ocupara la máxima jefatura del Ministerio Público.
En Honduras, el año 2022 se ha planteado como uno con retos y posibilidades para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia, un llamado que han realizado diferentes sectores de la población hondureña.
Tras 12 años de enfrentamiento bélico en El Salvador, en 1992, el país puso fin a un prolongado conflicto armado, por la vía del diálogo y la negociación.
