Este documento ofrece un análisis técnico del proceso de entrevistas públicas que llevó a cabo la Comision
La desaparición forzada de personas es una violación grave de derechos humanos que, según instrumentos internacionales, puede ser perpetrada por agentes del Estado o por actores no estatales que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
El acceso de las mujeres a la los sistemas de justicia ha progresado significativamente en las últimas décadas en la región latinoamerica. En algunos países, incluso, poderes judiciales y fiscalías registran una presencia femenina superior a la masculina. No obstante, esto no significa que estos espacios garanticen condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, ni que se respeten los derechos humanos de las mujeres.
La discriminación por género conlleva la violación de derechos de las mujeres y niñas, afectando también a hombres y niños que no encajan en los modelos dominantes de lo que se considera la masculinidad; de la misma forma, a personas que son rechazadas por su expresión o identidad de género.
El 1 de mayo de 2021, la Asamblea Legislativa de El Salvador removió irregularmente a la totalidad de magistradas y magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional de El Salvador e impuso una nueva confirmación mediante designación directa de sus reemplazos.
Desde el inicio de la administración del presidente Nayib Bukele se ha experimentado un evidente deterioro del ejercicio de la libertad de prensa en El Salvador, el cual afecta especialmente a las mujeres periodistas.
El Panel Independiente de Expertos y Expertas para la evaluación de personas candidatas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se complace en presentar este informe, resultado de siete meses de intenso trabajo y que tiene como o
Las desapariciones forzadas y otras formas de desapariciones en América Latina fueron un rasgo de las dictaduras militares y conflictos armados en décadas pasadas y hoy siguen ocurriendo en contextos de alta criminalidad. A pesar de la persistencia del problema, no se puede desconocer que la lucha contra la desaparición forzada ha evolucionado positivamente en los últimos 30 años.
Los mecanismos de justicia transicional no siempre han registrado apropiadamente las experiencias relevantes de los pueblos indígenas; como, por ejemplo, sus estrategias para afrontar la violencia y la opresión. En consecuencia, la mayoría de mecanismos implementados no han vinculado adecuadamente las violaciones del pasado con la continuidad de la marginalización en el presente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha conocido, desde sus primeras sentencias, casos en los que alguna o algunas de las víctimas de desaparición forzada han sido mujeres; y, aunque estas decisiones en las cuales se ha aplicado un abordaje diferenciado de género son aún escasas, los estándares producidos son un insumo relevante para orientar las actividades de los Estados ante las desapariciones.
